En cualquier lugar del mundo, cuando alguien empuja a otro en el borde del precipicio, se lo considera un asesino y se lo juzga por ese crimen. En España, no. En el Reino el criminal es el que cae al vacío.
Todos los que empujan, de todos los colores y de todos los escritorios, lo hacen en nombre de la ley (sí, con minúscula, así la han degradado los políticos en el gobierno, los actuales y los anteriores). Ley que no busca lo justo sino proteger al que más tiene. Bastan unos pocos números para ver la magnitud de los nuevos asesinatos legales: los desahucios, los embargos y luego expulsión de los moradores. Y no son okupas, son los propios dueños. 350.000 van desde el año 2009 y esperan los juzgados otros 200.000. Y cada día suben, ahora son 500 por jornada. Son números de la prensa, que como es habitual miente para proteger al Gobierno, es posible que sean más.