En cualquier lugar del mundo, cuando alguien empuja a otro en el borde del precipicio, se lo considera un asesino y se lo juzga por ese crimen. En España, no. En el Reino el criminal es el que cae al vacío.
Todos los que empujan, de todos los colores y de todos los escritorios, lo hacen en nombre de la ley (sí, con minúscula, así la han degradado los políticos en el gobierno, los actuales y los anteriores). Ley que no busca lo justo sino proteger al que más tiene. Bastan unos pocos números para ver la magnitud de los nuevos asesinatos legales: los desahucios, los embargos y luego expulsión de los moradores. Y no son okupas, son los propios dueños. 350.000 van desde el año 2009 y esperan los juzgados otros 200.000. Y cada día suben, ahora son 500 por jornada. Son números de la prensa, que como es habitual miente para proteger al Gobierno, es posible que sean más.
Esta semana murió la tercera persona en diez días, la cuarta de los últimos intentos de suicidios (una fue al hospital en estado grave). Suicidios que no se pueden ocultar porque ocurren delante de los gestores judiciales, de la policía, de los vecinos y, a veces, hasta de la prensa. En España no se pueden publicar, como en muchos países, noticias de suicidios. Es posible que sean muchos más los que mueren antes de que vayan por ellos.
Es comprensible, entonces, que perdidos del todo por el sistema, cuando llegan los policías con los encargados de la justicia (¿justicia?), al borde del precipicio, saltan al vacío o se ahorcan en las mismas viviendas. No son suicidios, son asesinatos.
¿Y quiénes son los asesinos? Los jueces que firman el desahucio, los policías que destruyen las viviendas para ingresar y que pegan a los vecinos que intentan evitar la expulsión, los políticos que no hacen nada para evitarlo y los banqueros que demandan a los que no pueden pagar con sus magros o inexistentes ingresos. Casi 6 millones de desempleados explican claramente que no pueden pagar y no pagarán, porque hasta el 2014 el Gobierno asegura que seguirán sin trabajar.
Los banqueros se quedaron con el dinero que pagaron, con la casa hipotecada, con la del familiar o amigo que le dio la garantía y aún así los demandan por la deuda que tienen con el banco. Y más aún, como esa vivienda ha perdido el valor, el Gobierno les regala el dinero de los contribuyentes para que no tenga pérdidas en sus balances. La demanda a quien, sin trabajo o sin dinero, no puede pagar los convierte en asesinos, porque los están empujando y ellos, desesperados, saltan al vacío.
En estos días están buscando soluciones que no son, sólo intentan tapar la condena europea por sus pésimas leyes, y la condena social que significa salir en la prensa con sus empujones al precipicio. Las soluciones siempre pasan por proteger la deuda que quiere cobrar el banco: suspender las ejecuciones por dos años, postergar los embargos, que el dueño pague un alquiler por su propia casa ¿hay algo más indigno que esto? Y los ciudadanos aceptan, incluso otra indignidad, “la dación en pago”, que se de por saldada la deuda con la entrega de la casa o apartamento. Mientras tanto, el banco se quedará para siempre con el dinero que ya había pagado.
Es verdad que unos jueces se oponen y algunos policías no quieren ir a acelerar la muerte, incluso que hay un solo banco que no ejecutó a nadie, y que muchos españoles se organizan para hacer acampadas en las puertas de los bancos y otras manifestaciones, pero siempre habrá algún juez y algún policía dispuesto a cumplir la ley del asesinato. La ley de empujar al salto al vacío a un ciudadano y que le llamen criminal al muerto. Nunca más acertado que hoy, llamarle al desahucio “ejecución” de una “sentencia”.
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